FISCALÍA YA HABIA ADVERTIDO DE ALBERGUE EN MOQUEGUA

Desde el mes de Mayo del 2010 la Fiscalía Superior Civil y Familia del Distrito Judicial de Moquegua había advertido la necesidad de que Moquegua cuente con un albergue y a fin de conseguir dicho objetivo hizo una serie de gestiones y solicitudes dando a conocer este problema, según manifestó la Dra. Katia Guillen Mendoza. Fiscal Superior de Civil y Familia del Ministerio Público. Según manifestó el Ministerio Público desde esa fecha presidió una Mesa Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar convocando a diferentes instituciones que tiene el deber de velar por los derechos de los niños, llegando a la conclusión de la necesidad de la creación de un albergue en Moquegua. La Dra. Guillen Mendoza en esa oportunidad manifestó que a fin de hacer frente a la problemática en nuestra región como es la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, así como el abandono moral y material de la que son víctimas muchos niños, niñas y adolescentes, no se cuenta con un albergue donde se les pueda brindar una atención de calidad y reinsertarlas a la sociedad en salvaguarda de su integridad física y psicológica y de poder darles un nuevo proyecto de vida. A raíz de esa iniciativa la Fiscal Superior de Civil y Familia, Dra. Katia Guillén Mendoza así como en su calidad de Presidente de la Junta de Fiscales Supriores de este Distrito Judicial, presidió una serie de reuniones, coordinaciones, solicitudes así como se curso oficio a las autoridades competentes a fin de que pueda hacer realidad la implementación de un Albergue en esta región. La Fiscal Superior manifestó que el último documento cursado fue en febrero de este año, dirigido a la Ministra de la Mujer en la cual se le reitera el pedido de la Creación del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar Inabif en Moquegua, resaltando que no existe un lugar para albergar a los menores en estado de abandono material y moral. Finalmente respecto al caso del hogar Belén manifestó que según el Código del Niño y Adolescente: “es responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables regular el funcionamiento de los organismos públicos, privados y comunales que ejecuten programas y acciones dirigidos al niño y adolescentes así como evaluar el cumplimiento de sus fines”.